Educación pública y comunidad

Cada año se cierra un número importante de escuelas públicas: entre 1990 y 2012 fueron 750 los colegios y liceos públicos municipales cerrados, y sólo en 2013 fueron clausurados 42. De acuerdo con la legislación vigente, los alcaldes tienen en sus manos la posibilidad de decidir sobre el cierre o reapertura de colegios sin consulta ni acuerdo previo con las comunidades que representan. El cierre de colegios públicos devela la lógica que subyace al modelo vigente de administración y financiamiento escolar: el fin de la educación pública. Lo público es entendido como una anomalía de lo privado. El modelo de Estado subsidiario vigente desde 1980 asegura que la libertad de enseñanza —entendida como libertad individual para emprender en educación— esté por sobre el derecho a la educación. Gerardo Jofré, ex asesor de Hacienda del ministro Büchi, supo expresarlo con franqueza en su artículo “El sistema de subvenciones en educación: la experiencia chilena” (1988): la universalización del sistema privado subvencionado requiere que la educación pública provista por el Estado sea de menor calidad que la pagada por las familias, pues “si no existiera esta diferencia, nadie asistiría a escuelas pagadas”. Así, el cierre de colegios públicos no es un defecto del modelo, sino parte de este. Frente al cierre de colegios, diversas comunidades han venido ocupando establecimientos escolares e impulsando experiencias de auto-educación. Entre ellas, la experiencia de los liceos autogestionados de 2011 y la reapertura por parte de un grupo de madres y apoderados de la Escuela República Dominicana en La Florida, en 2013. Este año pareciera repetirse el proceso en escuelas de Cerro Navia y de otras comunas. Una realidad invisible para las actuales autoridades y ausente del programa del próximo gobierno. No se trata, entonces, de corregir el modelo de mercado existente ni de volver a un pasado mítico donde todo el poder residía en el Estado, sino de reflexionar sobre nuestra propia historia social, como aquellas voces civiles representadas en la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales de 1925, en que fue acordada una definición de educación pública según la cual “El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad. A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponden la plena dirección de la enseñanza”. Hoy, cuando se debate una revitalización de la educación pública, resulta clave rescatar el protagonismo histórico de las comunidades en la educación. Reyes Jedlicki, Leonora Subdirectora Dep. Estudios Pedagógicos F. Filosofía y Humanidades Universidad de Chile