DISCURSO ACTO ANIVERSARIO 44 AÑOS CChDH
AMIGOS Y AMIGAS:
Junto con darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, permítanme saludar
en primer término a las delegaciones diplomáticas que nos acompañan en el día de
hoy. A la Embajadora de la República Federal de Alemania, Irmgard María Fellner,
al Consejero Político de la Embajada de Argentina, señor Juan Antonio Barreto, al
Cónsul del Estado de Palestina, señor Ammar Zorba y al Encargado Cultural de la
Embajada de México, señor Jorge Pascual Rubio.
Muchas gracias por aceptar nuestra Invitación.
También quiero saludar especialmente a Francisco Estévez, por haber realizado
una impecable gestión a cargo de la Dirección del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, y por su permanente y fraterna buena disposición para con
nuestra Institución. Démosle un aplauso en señal de nuestro reconocimiento.
Estimados amigos y estimadas amigas:
Hoy, 10 de diciembre, se cumplen 74 años de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Y también, 44 años de existencia de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos.
Tanto la Declaración Universal como nuestra Institución, surgieron como una
reacción a la barbarie y el exterminio.
En efecto, en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, la naciente Organización
de Naciones Unidas se abocó a crear un instrumento en que se estableciera un
mínimun ético civilizatorio obligatorio para los Estados, que impidiera la repetición
del flagelo nazi fascista.
Y en Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos nació en 1978, como
respuesta a la aplicación de una política de terrorismo de Estado que vulneraba
gravemente cada uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal.
Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos y de un nuevo Aniversario
de nuestra Institución, nos encontramos como país en un escenario incierto,
convulso, donde los avances democráticos y los principios y normas de Derechos
Humanos, reconocidos universalmente, se encuentran bajo seria amenaza.
En efecto, los sectores conservadores y de ultra derecha, defensores del statu quo,
han pretendido erróneamente apropiarse del resultado del plebiscito 4 de
septiembre, e intentan frenar y eliminar todo avance democratizador alcanzado por
las luchas del pueblo movilizado durante el estallido social.
No sólo han intentado negar el estallido social como el camino que permitió abrir el
proceso constituyente, sino además han criminalizado la protesta social, relativizado
las graves violaciones de derechos humanos y revictimizado a las víctimas.
Adicionalmente, pretenden secuestrar el proceso constituyente impidiendo el
legítimo ejercicio de la soberanía popular por parte del pueblo de Chile quien es el
que detenta de manera exclusiva, el poder constituyente originario.
Reiteramos que el único medio idóneo que puede permitir el legítimo ejercicio del
derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución,
es a través de la elección de una instancia integrada sólo por representantes
elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños
reservados, y con representantes del mundo independiente.
Por tanto, rechazamos cualquier intento de imponerle al pueblo chileno una
Constitución tutelada por supuestos expertos y visada por el Congreso, Poder del
Estado que, en el marco de la actual crisis de las instituciones, carece de legitimidad
social. Debemos tener presente que la legitimidad de la Constitución está dada por
la participación activa y directa de la ciudadanía tanto en su elaboración, como en
su aprobación. En consecuencia, así como durante estos 32 años de transición los
organismos de derechos humanos nos hemos negado a aceptar la Justicia en la
medida de lo posible, hoy el pueblo chileno no puede aceptar una Constitución
tutelada y en la medida de lo posible.
A lo anterior, se suma la seria amenaza del Negacionismo y del Neofascismo en
nuestro país, que nos obligan moralmente a levantar nuestra voz y a hacer todos
los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita en nuestra
Patria.
Recordamos las palabras del Relator Especial de Naciones Unidas, Pablo Greiffen,
quien ha señalado que Chile está en medio de “el afloramiento de un pinochetismo
cultural y social con claros tintes fascistas”, y lo atribuye a los incumplimientos del
Estado Chileno en materia de verdad y justicia junto con las injustificadas ausencias
de políticas de prevención.
Últimamente el negacionismo, como expresión larvada del neofascismo no sólo se
ha limitado a reivindicar los crímenes de la Dictadura y la figura del Dictador Augusto
Pinochet, calificando de víctimas a los victimarios de los crímenes contra la
Humanidad cometidas durante la dictadura y el estallido social, sino que pretendió
negar e invisibilizar nuestra historia reciente, a través del rechazo al ítem establecido
en el Presupuesto de la Nación que permite financiar este Museo y algunos Sitios
de Memoria.
No hay que olvidar que el fascismo tiene muchas caras pero un solo objetivo.
Umberto Eco, en una Conferencia dictada ante estudiantes de la Universidad de
Columbia, en el año 1995, afirmaba que el fascismo triunfa y avanza cuando hay
capas medias frustradas por alguna crisis económica ó están desencantadas del
sistema político. Y sentenciaba: “En nuestra época, en que los antiguos proletarios
están convirtiéndose en pequeña burguesía, el fascismo encontrará su público en
esta nueva mayoría. Por eso es que esta seria amenaza debe prestársele la debida
atención.”
Sabemos además que el auge de la ultraderecha y de las ideas neofascistas son
un fenómeno a nivel global. Dos hechos dan clara cuenta de ello. La reciente
detención de 25 integrantes de un grupo autodenominado Ciudadanos del Reich,
organización terrorista de carácter ultraderechista que planeaba la toma del
Bundestag y un posterior golpe de Estado y cuyo objetivo era "destruir el orden
democrático constitucional en Alemania a través de la violencia y de medios
militares", según declaró el Fiscal General del Estado alemán, y la reciente
realización en México de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC),
que es un foro internacional que reúne a líderes y asociaciones de ultraderecha de
todo el mundo, fundado en los años 70 para combatir la posible expansión del
comunismo en el mundo y, en el que participaron Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair
Bolsonaro; Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador de República Dominicana,
Rafael Leónidas Trujillo; Steve Bannon, asesor de Donald Trump, Ted Cruz,
senador del Partido Republicano estadounidense; Santiago Abascal, líder del
partido Vox y heredero del franquismo en España; y José Antonio Kast, fundador
del Partido Republicano chileno.
En nuestro país, para enfrentar debida y resueltamente este flagelo, el pueblo
chileno y sus organizaciones deben, por una parte, generar lazos de cooperación y
colaboración entre los pueblos que anhelan la Paz, promueven la Democracia y los
Derechos Humanos y defienden el derecho de libre determinación de los pueblos.
Es por ello, que nuestra Institución a partir de ahora, extenderá su ámbito de
preocupaciones no sólo a lo que ocurre en nuestro territorio sino además comenzará
a tener posición respecto de lo que ocurre en materia de Derechos Humanos en
otras latitudes. Del mismo modo, intentará aportar con propuestas que permitan
mejorar y fortalecer el sistema de protección internacional de los derechos humanos
dotados de mejores herramientas para defendernos de este flagelo.
Al mismo tiempo, debemos procurar que la transición a la democracia culmine
dotando a Chile de una Nueva Constitución en la que el respeto y garantía de los
derechos humanos consagrados en los tratados internacionales firmados y
suscritos por Chile sea su columna vertebral.
Por tanto, hay que instar por el buen
término del proceso constituyente en curso, en el que el respeto a la soberanía
popular y el derecho de libre determinación no esté limitado por ningún tipo de
tutelaje.
También pensamos que es importante que hoy alcen su voz con mucha fuerza los
intelectuales y los representantes del mundo de la Cultura porque ellos entienden
que ésta sólo puede florecer en sus distintas expresiones, en un marco
genuinamente democrático y de respeto a los derechos humanos. Los fascistas
siempre han visto a los artistas e intelectuales como una seria amenaza, porque
saben que en momentos de oscuridad éstos se convierten en un faro que ilumina al
resto de la sociedad.
Creemos que también es necesario contar con una legislación que sancione el
negacionismo, como ocurre en otras latitudes. Hemos tomado conocimiento que en
los próximos días se presentará una moción parlamentaria sobre el tema, por parte
de algunas diputadas que son también familiares de víctimas de la Dictadura.
Constituye un ineludible deber de todas las organizaciones de los Derechos
Humanos y del mundo social apoyar resueltamente esta iniciativa legal, sin titubeos.
Y para fortalecer la Memoria como garantía de no Repetición, e instar por una
política de Estado en esta materia, convocamos al mundo social y político a apoyar
un Proyecto de Ley que la Red de Sitios de Memoria elaboró y entregó hace meses
a la Subsecretaria de Derechos Humanos el que tiene por objeto la implementación
de una política pública integral que contemple la declaración, recuperación,
conservación, financiamiento equitativo y protección de los sitios de memoria y de
los memoriales, y que de paso, ponga término a la actual situación en que sólo
algunos gozan de aporte fiscal, limitando las posibilidades de contribuir al Nunca
Más desde una memorialización de la historia reciente de nuestro país, que permita
ser conocida por las nuevas generaciones.
Por último, debemos interpelar a los tres Poderes del Estado respecto de la
obligatoriedad que tienen del cumplimiento estricto de las normas contenidas en los
tratados de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado de Chile, las
que no pueden ser vulneradas por medida administrativa, ley ó sentencia judicial
alguna, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.
Estimados amigos y estimadas amigas:
Hemos constatado durante el último año, que las grandes deudas en materia de
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la violación de los derechos
humanos que dejó el Gobierno de Sebastián Piñera, no han sido asumidas
debidamente por la actual Administración.
Los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por Sebastián Piñera
y demás autoridades políticas y policiales, muchos de ellos crímenes contra la
Humanidad, que tuvieron por finalidad neutralizar la protesta social iniciada a partir
de octubre de 2019, han generado obligaciones para el Estado de Chile, que el
Gobierno actual debe hacerse cargo, en el marco de su competencia y atribuciones.
Al igual como en la historia reciente ocurrida en Dictadura, la Verdad, la Justicia, la
debida Reparación y las garantías de no repetición, respecto de las violaciones de
derechos humanos cometidas durante el estallido social, siguen sin una respuesta
adecuada por parte del Estado.
Transcurridos más de tres años, y habiéndose recibido más de 11.000 denuncias
por parte del Ministerio Público, hay sólo 14 agentes estatales condenados, y
ninguno de ellos pertenece al Alto Mando. En contraste, todavía hay 52 presos de
la revuelta social condenados en juicios con grave infracción a las reglas del debido
proceso.
La impunidad en materia de crímenes contra los derechos humanos, da cuenta del
grave incumplimiento del deber de investigar debidamente y sancionar a los
responsables por parte del Ministerio Público y el Poder judicial, al mismo tiempo
que constituye un grave incumplimiento de los compromisos asumidos ante la
comunidad internacional producto de la suscripción y ratificación de diversos
tratados sobre la materia, así como los compromisos asumidos por el propio
presidente de la República en su Cuenta Pública de 1 de Junio pasado en que se
comprometió a enviar un Proyecto de ley que asegure la persecución penal
especializada en Derechos Humanos.
En materia de reparación, queremos lamentar la falta de diligencia de parte del
Gobierno y la Subsecretaría de Derechos Humanos para enfrentar debidamente el
cumplimiento de esta obligación estatal. No es posible que después de ocho meses
de instalación del Gobierno, no se haya convocado a una Comisión por la Verdad y
la Reparación que permita otorgarles a las víctimas una debida reparación, teniendo
presente la urgencia del problema y la experiencia ya vivida en nuestro país con la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y las dos Comisiones sobre Prisión
Política y Tortura, que fueron creadas para reparar en parte a las víctimas y a los
familiares de los crímenes de la Dictadura.
En materia de garantías de no repetición, nos parece un grave incumplimiento el no
implementar una profunda reestructuración de Carabineros, institución que
concentra el 91% de las denuncias en actual tramitación por violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el estallido social. Recordamos que fue el
propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en
su Informe sobre Chile y el estallido social, lo solicitó entre sus recomendaciones.
En cambio, el Gobierno ha optado por respaldar al Director General de Carabineros,
Ricardo Yañez Reveco, quien acumula querellas y denuncias ante el Ministerio
Público como ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por su responsabilidad
en los crímenes contra los derechos cometidos por Carabineros durante el estallido
social.
La crisis de seguridad pública por la que atraviesa nuestro país requiere -para ser
enfrentada debidamente- que la institución de Carabineros cuente con plena
legitimidad en su actuar de acuerdo a los estándares de derechos humanos,
particularmente en el uso de la fuerza, y también con la confianza de la ciudadanía,
la que debe recuperar no en base al miedo sino a su legítimo proceder. Pero la
Impunidad que se le ha otorgado a su principal autoridad atenta contra ese legítimo
y necesario propósito.
Queremos aprovechar la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso, coherencia
y fidelidad con los fines para los cuales fue creada nuestra Institución. Seguiremos
instando por la libertad de los presos de la revuelta social, y exigiendo Verdad,
Justicia, Reparación y garantías de no repetición respecto de las víctimas de la
Dictadura así como las del estallido social. Cabe recordar que aún hay grandes
deudas pendientes derivadas de los crímenes de la Dictadura. Sólo a título ejemplar,
todavía hay 1.201 chilenos y chilenas que todavía tienen la condición de detenidos
desaparecidos y si bien valoramos el reciente anuncio del Plan Nacional de
Búsqueda, creemos que esta iniciativa, si no tiene recursos asociados necesarios y
suficientes, será sólo una medida efectista, no efectiva.
A su vez, seguiremos instando por la aplicación del Indulto de todos los presos de
la revuelta hasta obtener su libertad. Y en cuanto a las víctimas del estallido social,
seguiremos acompañándolas, tanto en nuestro discurso público como a través de
las 68 querellas que hemos patrocinado, en su legítima búsqueda de Justicia que
ponga término a la Impunidad. Al mismo tiempo, continuaremos con nuestra
denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para perseguir la
responsabilidad penal de Sebastián Piñera y demás autoridades políticas y
policiales. Y, por cierto, fieles a nuestro mandato institucional y a nuestro
compromiso con los derechos humanos y la normativa que los consagra,
continuaremos interponiendo las querellas que sean necesarias, contra todos
aquellos que hayan participado, ya sea en calidad de autores, cómplices ó
encubridores, en los graves crímenes cometidos durante el estallido social. Caiga
quien caiga y pese a quien le pese.
Con la misma convicción, continuaremos demandando poner término a las
profundas desigualdades sociales que impiden que derechos humanos básicos,
como la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo decente, sean ejercidos
por un número significativo de chilenos y chilenas. Se hace imperativo el
establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho que deje atrás el
Estado subsidiario que impide tener condiciones dignas de vida a la gran mayoría
de la población. A este respecto, vale la pena recordar las palabras de don Jaime
Castillo Velasco, quien decía que “La Democracia es la estructura política donde los
DH están realizados jurídicamente, políticamente y socialmente, y por eso la
democracia no es sólo el orden político, es también el orden socio económico. No
hay democracia si no hay una vigencia de los derechos del hombre en cuanto ente
personal, individual y político. No podría haber una verdadera vigencia de los
derechos políticos si no hay una vigencia de los derechos sociales y viceversa”.
Es por ello que reivindicamos la importancia del estallido social pues las profundas
causas que lo provocaron y las legítimas demandas que se levantaron, continúan
vigentes e insatisfechas. Y no enfrentarlas, no sólo significa incubar un nuevo
estallido social que nadie desea, sino además, constituye una grave infracción a las
obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos económicos y
sociales, derivadas de la suscripción y ratificación de tratados internacionales que
imponen al Estado de Chile la obligación de respetarlos y garantizarlos.
Estimados amigos y amigas:
El próximo año se cumplen 50 años del Golpe Cívico Militar que derrocó al
Presidente Salvador Allende, que dio paso a un régimen dictatorial que aplicó una
política de exterminio con su secuela de asesinados, detenidos desaparecidos,
presos políticos y torturados, exiliados, relegados y exonerados.
Con ocasión de este importante hito histórico, la Comisión Chilena de Derechos
Humanos realizará –en colaboración con el Colegio de Periodistas y la Radio
Universidad de Chile- una actividad que es, por una parte, un necesario ejercicio de
memoria pero también, un desafío urgente de enfrentar en la hora presente.
En efecto, sabemos el rol fundamental que juegan los medios de comunicación al
interior de las sociedades contemporáneas. En Chile, atendida la falta de una
política de medios que garantice el rol social que deben cumplir en todo sistema
democrático, unida a la ausencia de una legislación que garantice el pluralismo
informativo y evite la concentración de la propiedad, los propietarios de los medios
de comunicación que son parte del poder económico de nuestro país, los utilizan
como mecanismos de control social para generar climas de opinión pública
favorable a sus intereses, defendiendo el statu quo e impidiendo todo
transformación social que vaya en directo beneficio de las grandes mayorías
vulneradas en sus derechos humanos estructuralmente por el sistema que ellos
defienden.
Queremos develar esta realidad realizando un Seminario Internacional sobre el Rol
que han jugado los Medios de Comunicación en nuestro país, tanto antes del Golpe,
durante la Dictadura y en el Chile de hoy, particularmente, en el proceso
constituyente en curso y el reciente plebiscito.
En cuanto al rol de los medios de comunicación antes del Golpe, basta recordar a
título ejemplar, que el propietario del principal Diario de la época, El Mercurio,
Agustín Edwards Eastman, fue condenado por el Tribunal de Ética del Colegio de
Periodistas con la sanción de expulsión, por distintas acciones violatorias a la Carta
Ética del Colegio, ejecutadas durante el período 1970 a 1987, entre los que se
cuenta su participación activa en la desestabilización del Gobierno del Presidente
Salvador Allende, a través de sus probados contactos y reuniones que sostuvo con
el Director de la CIA, Richard Helms y el Secretario de Estado norteamericano,
Henry Kissinger.
En relación al proceso constituyente, sabemos que el resultado del 4 de septiembre
obedece a diversas razones. Pero sin lugar a dudas, una razón muy principal es el
rol jugado por los medios de comunicación hegemónicos, especialmente los canales
de Televisión, los que mediante sus líneas editoriales, sus columnistas carentes de
imparcialidad, noticias sesgadas y tendenciosas, unidas a una comprobada
desinformación en los contenidos entregados y los fake news, contribuyeron
decisivamente al resultado.
Respecto de la ausencia de pluralismo informativo, cabe tener presente que ya en
el año 2016, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Sr. Edison
Lanza, en su Informe sobre nuestro país constató que “Chile exhibe uno de los
sistemas mediáticos con mayores índices de concentración”.
El mismo Relator advirtió que la promoción de una amplia pluralidad de fuentes de
información continúa siendo un desafío para Chile y debería estudiarse en
profundidad las razones que impiden generar las condiciones estructurales para
promover un espectro variado de medios, tanto en propiedad como en líneas
editoriales.
Sabemos que este es un fenómeno global, no exclusivo de Chile. Es por ello que
queremos realizar este Seminario con expertos nacionales e internacionales, que
nos permitan abordar globalmente esta verdadera amenaza a la convivencia social,
y al mismo tiempo, proponer medidas en al ámbito tanto legislativo como
administrativo, considerando la experiencia comparada de otros países, que nos
permitan garantizar efectivamente la libertad de expresión en nuestro país.
Por la importancia estratégica que tiene esta temática para los derechos humanos
y para el genuino sistema democrático que anhelamos establecer, es que invitamos
a todas las organizaciones, tanto del mundo social como de derechos humanos, a
participar colaborativamente con nosotros en esta necesaria iniciativa.
Estimados amigos y estimadas amigas:
La conmemoración de los 74 años de la Declaración Universal y nuestros 44 años
de existencia como Institución, nos recuerda que la historia de los pueblos, es la
lucha por el respeto de sus derechos humanos permanentemente vulnerados. Y
que todo avance conquistado en derechos humanos, ha sido producto de la lucha
unitaria del pueblo y sus organizaciones.
Hoy, igual que ayer, esa lucha por la Dignidad, y la defensa de ese minumum ético
civilizatorio que son los Derechos Humanos, debe expresarse en la exigencia de
una Nueva Constitución exenta de tutelajes, respetando nuestra soberanía como
pueblo a decidir libremente nuestro destino, en detener al Neofascismo y en la
exigencia por Verdad y Justicia y Reparación, frenando así la ofensiva conservadora
que pretende impedir el proceso de cambios y transformaciones sociales que el
pueblo de Chile necesita para garantizar derechos humanos básicos. Los
convocamos pues, a unir nuestros esfuerzos, a entender que la seria amenaza debe
ser enfrentada del mismo modo que en el pasado reciente: con unidad y
generosidad. Será ésta la única posibilidad de victoria frente al neofascismo
emergente y un camino seguro para avanzar hacia una sociedad democrática
fundada en el pleno resguardo y garantía de los derechos humanos que se cristalice
en una Nueva Constitución.
Ése es nuestro desafío institucional para los próximos tiempos y también nuestro
llamado y nuestra convocatoria, la que extendemos a todos los sectores de la
sociedad chilena porque, tal como lo señalaba nuestro fundador, Jaime Castillo
Velasco, los Derechos Humanos serán respetados, cuando unidos, los exijamos.
MUCHAS GRACIAS.
Carlos Margotta T.
Presidente
